La Asamblea Nacional se dispone este miércoles a nombrar a dos de las autoridades del Poder Electoral en un abierto reto al Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la víspera a dos funcionarias en esos cargos.

La decisión del órgano legislativo, controlado por la oposición, intensifica el conflicto entre los poderes públicos que amenaza con profundizar la crisis en el país suramericano.

El segundo vicepresidente del Congreso, diputado Simón Calzadilla, afirmó que si la mayoría de la Asamblea logra este miércoles el quorum necesario de 109 diputados se designará a dos de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral, CNE, que tenían sus periodos vencidos.

Calzadilla dijo a The Associated Press que para la Asamblea Nacional es imposible reconocer la sentencia del máximo tribunal sobre los miembros del CNE porque es “una cosa absolutamente inconstitucional, ilegal, fuera del Estado de derecho”.

El congresista recordó que la designación de los miembros del Poder Electoral es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional que contempla la constitución, y sostuvo que en lo que va del año la Corte, que es señalada de estar controlada por el oficialismo, ha emitido 45 decisiones para desconocer las competencias del Congreso.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo justificó la víspera la ratificación de las directoras del CNE, Socorro Hernández y Tania D’ Amelio, ex miembros del partido oficialista, alegando la “falta de diligencia” para los nombramientos, y que Asamblea Nacional se encuentra “en desacato al Poder Judicial” por no desincorporar de manera formal a tres diputados del estado sureño de Amazonas cuyas elecciones fueron cuestionadas por la Corte.

La oposición sostiene que no se puede hablar de desacato debido a que los tres diputados de Amazonas se desincorporaron el mes pasado de sus cargos atendiendo una exigencia que hizo el oficialismo en la mesa de diálogo.

La tregua que habían mantenido el gobierno y la oposición entre finales de octubre y noviembre, en el marco de la mesa de diálogo, se terminó tras las sentencias que emitió recientemente el máximo tribunal que anularon algunas leyes de la Asamblea Nacional y limitaron sus funciones, y la declaratoria de responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro por la crisis que acordó la víspera la mayoría opositora del Congreso.

Los facilitadores de la mesa de diálogo convocaron para enero una nueva reunión para retomar las conversaciones entre las partes, pero es poco probable que el proceso pueda avanzar ante la pugna entre los poderes públicos que amenaza con profundizar la crisis política y económica de Venezuela.

Maduro enfrenta la compleja situación política y económica en medio de una caída de su popularidad que ronda 20%.

 

Fuente: AP