El caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela ha llegado a una de sus etapas más importantes. La audiencia celebrada este jueves y la pautada para el viernes son determinantes para el destino de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados el pasado 12 de noviembre de conspirar para ingresar drogas a territorio estadounidense.

Estas presentaciones ante el juez del caso, Paul Crotty, le permitirán decidir si admite o no las evidencias en contra de los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, dentro de las cuales se cuentan confesiones y grabaciones de los propios acusados explicando sus roles en el negocio que tendría como fin ingresar a suelo estadounidense unos 800 kilogramos de cocaína.

La jornada comenzó con la incorporación oficial de dos nuevas abogadas a la defensa de los Flores: Elizabeth Anne Espinosa, por Sidley Austin LLP, y Joanna Christine Wright, por Boies, Schiller & Flexner LLP.

Espinosa, de origen latino, trabaja en la firma como abogada de defensa de delitos de lavado de dinero, sobornos y corrupción. Es graduada en la Escuela de Derecho de Stanford con Maestría en Relaciones Internacionales de la London School of Economics. Wright ha trabajado en el área de finanzas y en la representación de un adolescente de Ecuador en busca de asilo en los Estados Unidos. Se graduó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, y durante su paso por ella fue la editora ejecutiva de la Revista de Derecho. Trabajó además en el Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. También contribuyó a la Encuesta Liman de confinamiento prolongado, que fue incluida como testimonio ante el Subcomité Judicial del Senado de EEUU de Derechos Humanos.

Días previos a la audiencia, el equipo de la Fiscalía de Prett Baharara, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y los abogados defensores mantuvieron una especia de guerra epistolar donde las partes se plantaron en sus posiciones como una manera de abonar el terreno ante el juez para este jueves.

En las comunicaciones la defensa, entre otras cosas, solicitaba que se revelaran las identidades de los informantes de la DEA y la Fiscalía esgrimía sus argumentos para negar la petición.

Larga jornada

La audiencia fue una larga jornada, unas 6 horas de duración, en donde varios personajes claves del caso intervinieron y dieron su versión de los hechos. Uno de ellos fue uno de los agentes de la policía de Haití que participó en el arresto, el pasado 10 de noviembre en Puerto Príncipe. El oficial fue traído por la Fiscalía como manera de desmentir uno de los argumentos que usa la defensa como estrategia: que los Flores no entendían a lo que se enfrentaban y que temieron por sus vidas al sentirse secuestrados; ellos aseguran que la policía no estaba identificada como tal durante el operativo de arresto.

Durante toda la jornada la defensa se mostró implacable con los testigos que declaraban ante el Juez. Están conscientes de que de no lograr eliminar estas evidencias, será muy complicado de ganar, según explican fuentes cercanas al caso.

Los Fiscales relataron nuevamente paso a paso desde el arresto hasta la presentación ante el juez magistrado Paul Cotty. El agente especial de la DEA, Sandalio González, declaró que los acusados, por voluntad propia, trataron de explicarse, se les informó debidamente de sus derechos de manera verbal y en varios momentos rieron con los agentes.

Además González dijo en el estrado que “el oficial venezolano identificado como Bladimir Flores fue quien puso en contacto a los acusados con nuestro informante CW-1”.

CW-1 era alias “El Sentado”, el hombre que murió asesinado en Honduras en diciembre de 2015 y que, según las propias declaraciones de los sobrinos, los puso en contacto con los narcotraficantes mexicanos (informantes de la DEA) que comprarían la droga para llevarla a México y luego a Estados Unidos.

Aunque el oficial de la DEA no especificó si se trataba del tío de los acusados, se sabe que Cilia Flores tiene un hermano llamado Bladimir Flores que fue designado en 2014 como inspector general de la policía científica venezolana, luego de 39 años al servicio de la institución. También ocupó el cargo de jefe de seguridad de la Asamblea Nacional y el último puesto que ocupó, previo al de inspector general del Cuerpo Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), fue en el Consulado de Venezuela en Curazao.

 

Fuente: Diario las Américas