Los colombianos están recibiendo una lección de buenas maneras en forma de un estricto código civil de 120 páginas, y en ningún sitio causa más desasosiego que en la frenética capital del país, donde malabaristas y vendedores de refrescos se cuelan por entre el tráfico, autocares discoteca toman la noche y en las calles reina el caos.

Poner música a gran volumen a altas horas de la noche es ahora sancionable con una multa de 125 dólares. Y no recoger los excrementos del perro, con 30 dólares. Quienes suban a los buses públicos sin pagar tasas deberán participar en un “curso de convivencia”.

“El código es la confirmación del fracaso de la familia y del colegio en la correcta educación ciudadana de los colombianos”, dijo el escritor Alonso Sánchez en Semana, el semanario más importante del país.

La nueva norma, que se aplica a todo el país, es tan estricta que el alcalde de Barranquilla presentó recientemente un decreto para su suspensión temporal tras darse cuenta de que el carnaval de la ciudad costera violaría varios apartados que prohíben fiestas con exceso de ruido.

Pero donde más debate ha causado quizás la primera revisión del código civil colombiano en más de cuatro décadas es en Bogotá, una ciudad de ocho millones de habitantes que según las autoridades recibió el mayor porcentaje de las citaciones emitidas a nivel nacional.

Algunos residentes en la capital admiten el código como una intervención necesaria, pero otros lo critican por ser una ampliación del poder policial que afecta más a quienes no puedan pagar las multas. Aunque las ofensas menores, como no ceder el uso del baño a una mujer embarazada, acarrean sanciones de 30 dólares, las más graves suponen castigos de 262 dólares, el equivalente al salario mínimo mensual.

En las calles se venden copias pirata del código civil por alrededor de un dólar y es un producto demandado por gente ansiosa de saber qué es lo que está prohibido ahora, y las celebridades de Bogotá ya protagonizaron columnas de chismes por violar las normas.

“Hay muchas cosas que tienen escritas allí que la gente cree que no deben estar”, dijo Carlos Álvaro, un vendedor callejero que ha vendido unas 100 copias desde finales de enero.

La actualización del código civil, que se publicó el pasado julio, reconoce que Colombia es hoy en día una sociedad más urbana y está afectada por problemas cotidianos muy distintos a los de las décadas pasadas, cuando el país seguía inmerso en un violento conflicto con grupos armados. Aunque los delitos graves como los secuestros han descendido, los principales arquitectos de la norma defienden que es hora de que los colombianos empiecen a subsanar infracciones menores que pueden dañar una sociedad en paz, como beber en público y manejar por el carril bici.

“Los colombianos olvidaron de estas cosas del día a día”, señaló el capitán Juan David Palacio, abogado en la policía nacional y uno de los autores de las nuevas normas.

La revisión del código coincide con las primeras fases de la aplicación del acuerdo de paz alcanzado el año pasado con el principal grupo rebelde nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El momento no pasó desapercibido para los responsables de la norma. Palacio explicó que tomaron en consideración el todavía divisivo proceso de reconciliación que ha polarizado al país.

“Este código se convierte en herramienta de estabilidad de paz”, apuntó.

Sin embargo, desde los días de la independencia, Colombia es conocida por ser una nación de leyes sofisticadas y escaso cumplimiento. El acuerdo de paz, por ejemplo, es un tomo de 310 páginas que incluye argumentos legales que enorgullecerían a cualquier magistrado constitucional, pero la implementación de sus ambiciosos objetivos ya sufre demoras.

Bogotá está llena de creativos intentos de imponer una sensación de orden. El exalcalde Antanas Mockus contrató a cientos mimos en la década de 1990 para ridiculizar a conductores y peatones imprudentes. En 2015, la ciudad reclutó a actores para intentar enseñar buenos modales a través de actuaciones callejeras.

Hoy en día, la ciudad enclavada entre verdes montañas es un foco de contrastes: generosos carriles bici con árboles y parques junto a calles rebosantes de autocares que emiten una humareda negra; museos de importancia mundial en vías llenas de basura y de vendedores que ofrecen paseos en llama; la tranquilidad de las mañanas de sábado rota por el sonido de camiones con megáfonos ofreciendo libros usados y pitayas.

“Los colombianos siempre dicen: La gente no sabe comportarse. Falta educación”, dijo Hugo Acero, experto de seguridad en Bogotá.

En el primer mes desde la entrada en vigor de la norma se registraron 30.000 infracciones en todo el país, frente a las 45.000 cometidas en 2015 bajo el código anterior, explicó Palacio.

La nueva realidad tiene a muchos en guardia, incluyendo los aficionados al fútbol que podrían ser multados por delitos menores como sentarse en un sitio que no es el suyo o alterarse al ingresar al recinto.

Otro grupo afectado son los propietarios de pit bull, que tienen que contratar un seguro para cualquier daño que pueda causar su perro.

Daniel Bernal es el orgulloso dueño de un pit bull americano de nariz roja, una de las 12 razas consideradas peligrosas en el nuevo código penal. Una tarde reciente, su perro llevaba un bozal mientras él vendía coloridas correas bajo un paso elevado en Bogotá.

Ahora solo saca a su pit bull “Killa” a dar largos paseos y a hacer ejercicio por la noche por miedo a meterse en problemas con las autoridades.

Uno de los beneficios es quizás que las ventas de los bozales que fabrica han subido.

Fuente: AP