La Asamblea Nacional venezolana inició el lunes el debate sobre el supuesto abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, anuncio que objetó el Tribunal Supremo de Justicia, que pidió a los congresistas abstenerse de dictar cualquier acto que esté al margen de sus atribuciones constitucionales.

Aunque el Congreso tiene la potestad constitucional para declarar el abandono del cargo es muy posible que el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, dicte una sentencia que podría paralizar o dejar sin efecto ese proceso.

“Hay una gestión que se ha abandonado”, dijo el diputado opositor Enrique Márquez al justificar el proceso contra Maduro, y planteó, durante su intervención en el debate, que no se puede considerar una acción de desestabilización el uso de la constitución.

El prominente dirigente oficialista, el diputado Diosdado Cabello, consideró como una “violación flagrante a la constitución” el proceso y dijo a la prensa que “no hay forma ni manera que ellos (la oposición) puedan hacer efectiva una posibilidad de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro”.

“Eso no existe ni constitucionalmente, ni políticamente es posible hacerlo”, agregó.

La mayoría opositora de la Asamblea se juega su última carta para acelerar el fin del mandato del presidente, a quien acusa de incumplir sus deberes constitucionales y ser el responsable de la compleja crisis económica que atraviesa el país. Durante el año pasado, la coalición opositora promovió un proceso de referendo revocatorio del mandato de Maduro que fue suspendido en octubre pasado por las autoridades judiciales y electorales.

Las próximas horas serán determinantes para la oposición debido a que el 10 de enero Maduro alcanzará más de la mitad de su mandato, lo que anula cualquier posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. La constitución establece que si ocurriera la salida del presidente de su cargo o su fallecimiento durante los últimos dos años de gobierno, ese período deberá ser completado por el vicepresidente.

El Tribunal Supremo de Justicia objetó en un comunicado el anuncio de la mayoría opositora del Congreso y recordó una sentencia del mes pasado en la que ordenó a los diputados abstenerse de continuar el proceso de declaratoria de responsabilidad política y de “dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”. Asimismo, la institución hizo un llamado a utilizar la vía del diálogo para dirimir las diferencias políticas y cumplir los deberes constitucionales.

La decisión de emprender un nuevo proceso contra Maduro generó diferencias entre partidos de la coalición opositora como Avanzada Progresista, que anunció que sus tres diputados salvarán sus votos en el debate porque “no es posible sostenerla (la declaratoria de abandono del cargo) dentro del marco constitucional ni el ámbito jurídico”, indicó en un comunicado.

“Nada me sacará ni me distraerá de lograr mi objetivo: la recuperación de la economía”, afirmó la víspera el mandatario durante su programa dominical “Contacto con Maduro”, en el que anunció la creación un comando nacional que actuará contra los sectores “golpistas y terroristas” del país.

El académico y abogado constitucionalista, José Vicente Haro, dijo a The Associated Press que de aprobar la Asamblea Nacional por mayoría simple la declaratoria de abandono del cargo y de publicarse la decisión en la Gaceta Legislativa su efecto sería inmediato. Sin embargo, agregó que podría ser sometida a una revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podría anular el proceso.

La Corte anuló el mes pasado una declaratoria de responsabilidad política de Maduro que había aprobado el Congreso.

Fuente: AP