En momentos que los legisladores de la Florida debaten lo que significa que un delincuente haya cumplido su sentencia para poder devolverle sus derechos electorales, un panel de floridanos influyentes expresa que el estado debe implementar rápidamente la Enmienda 4 sin agregar nuevas restricciones.

En una nueva encuesta entre los Influyentes de la Florida, un grupo de 50 figuras políticas y de los negocios destacadas de todo el estado, la mayoría (54 por ciento) dijo que los delincuentes que han cumplido sus sentencias no deben tener que pagar todas las multas, cargos del tribunal y restitución antes de cumplir los requisitos para votar.

“Me opongo a negar a estas personas un derecho constitucional fundamental porque no hayan hecho pagos financieros”, dijo Barron Channer, CEO del Woodwater Group. “Esto no encaja con el espíritu de nuestra democracia ni tampoco con la intención del referendo y las enmiendas que recibieron un amplio apoyo”.

El asunto se ha debatido mucho desde las elecciones intermedias de noviembre del 2018, cuando los electores aprobaron abrumadoramente la enmienda a la Constitución estatal, que tenía por fin derogar la política de despojo de derechos electorales de los delincuentes.

Durante los últimos años, estas personas han tenido que esperar cinco años después de cumplir su sentencia para solicitar que les restablezcan sus derechos electorales. El proceso contemplaba que los ex delincuentes solicitaran una audiencia ante la junta estatal de clemencia, lo que podía demorar 10 años en completarse. Debido a las leyes restrictivas, hubo un momento en que la Florida mantenía despojados de sus derechos electorales a más ex delincuentes que cualquier otro estado.

Las dos cámaras de la Legislatura han acordado que el resarcimiento —dinero que los ex delincuentes deben pagar a sus víctimas— debe pagarse totalmente antes que se puedan inscribir para votar. También permite que los ex delincuentes voten si el dinero que deben por concepto de costos del tribunal se ha convertido en una retención prendaria civil, algo común.

El proyecto de ley excluye a los ex delincuentes convictos por asesinato o delitos sexuales, algo incluido en la propuesta en la boleta.

Los cargos de tribunal, que pueden superar los $1,000, están en el centro del debate, lo que ha llevado a figuras nacionales como la representante federal demócrata Alexandria Ocasio-Cortez a calificarlos de un “impuesto electoral”. Otros acusan a la Legislatura, controlada por los republicanos, de impedir que la gente vote.

Pero según el panel de voces destacadas, los ex delincuentes no deben tener que enfrentar tantos obstáculos.

Catherine Stempien, presidenta de Duke Energy Florida, comparó la exigencia de tener que pagar las multas y cargos con un “impuesto electoral ilegal”.

“Exigir a los ex delincuentes que paguen multas y cargos de tribunal antes de que puedan votar es, en mi opinión, un impuesto electoral ilegal”, dijo. “Debemos concentrarnos en asegurar que el sistema de justicia penal sea justo e imparcial”.

Aunque la mayoría de los Influyentes dijo que las multas y cargos por pagar no deben impedir votar a los ex delincuentes, 21 por ciento dijo que no estaba seguro de qué significa exactamente cumplir la sentencia.

Leonore Rodicio, vicepresidenta ejecutiva del Miami Dade College, dijo que el asunto es complejo y varía dependiendo de la sentencia, y que no hay una respuesta general.

“Debemos regresar al aspecto clave del asunto: ¿cumplió la persona su deuda con la sociedad como indicaba la sentencia?”, dijo Rodicio. “Si la respuesta es sí, entonces le deben restaurar sus derechos”.

Eric Montes de Oca, vicepresidente de Grycon LLC, dijo que las complicaciones del resarcimiento lo hacen pensar.

El estado no lleva la cuenta de los resarcimientos, y algunas veces los propios ex delincuentes no saben cuánto deben a sus víctimas. Cada condado y juez en la Florida puede manejar el resarcimiento de manera diferente. Cuando están en prisión o en libertad condicional, el Departamento de Prisiones supervisa el cobro de los resarcimientos. Pero cuando la persona ya está libre no fuera de libertad condicional, nadie sabe con exactitud la cantidad de lo adeudado. Incluso las víctimas muchas veces no saben qué hacer con los cheques por resarcimiento que reciben, dijo un secretario condal al Tampa Bay Times.

“¿Cómo y quién calcula la cantidad que un ex delincuente debe pagar por concepto de multas, cargos y resarcimiento?”, preguntó Montes de Oca. “Así las cosas, ¿quién se beneficiaría de esos pagos, los gobiernos locales y estatal, las víctimas?”

Sin embargo, 25 por ciento de los Influyentes dijeron que el resarcimiento y los cargos son claves para cumplir la totalidad de la sentencia.

 

 

Fuente: El Nuevo Herald